La inclusión laboral de las personas con discapacidad en España sigue siendo insuficiente: solo 28,5% de este colectivo trabaja, frente al 66,5% de la población general. Los Centros Especiales de Empleo (CEEs) desempeñan un papel esencial en la generación de empleo y apoyo especializado, aunque su función de puente hacia la empresa ordinaria todavía presenta limitaciones.
La futura Ley de Economía Social podría modificar el equilibrio entre CEEs de iniciativa social y empresarial, con posibles consecuencias en la sostenibilidad de una parte del sector y en las oportunidades de empleo para miles de personas con discapacidad.
La inclusión laboral de las personas con discapacidad en España sigue siendo una asignatura pendiente. La tasa de desempleo en este colectivo asciende al 19,7%, casi el doble que la media del conjunto de trabajadores (12,3%). El reto se amplía si se observa la tasa de actividad: de los casi dos millones de personas con discapacidad en edad laboral, solo un 35,5% participa en el mercado de trabajo, frente al 75,8% de la población general (y apenas un 19 % en el caso de personas con discapacidad con especiales dificultades). Esta baja participación dificulta la integración plena y perpetúa la brecha de oportunidades.
El rol de los Centros Especiales de Empleo
En este contexto, los Centros Especiales de Empleo (CEEs) se consolidan como una herramienta clave para la inserción laboral. En España existen actualmente 2.536 centros, de los cuales 821 son de iniciativa social (CEEIS), según datos del SEPE. En conjunto, emplean a 122.285 personas con discapacidad, reflejando su relevancia en el ecosistema laboral inclusivo del país.
Estas entidades, reguladas por ley, deben contar con al menos un 70% de trabajadores con discapacidad en sus plantillas. Operan en sectores diversos —servicios, hostelería, industria, atención al cliente o tecnología— y ofrecen formación y apoyo especializado a través de psicólogos, pedagogos y asistentes sociales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha subrayado recientemente el papel esencial de los CEEIS en la construcción de un modelo económico “que tiene presente la justicia social, el trabajo decente y los derechos y libertades de las personas con discapacidad”.
Albert Campabadal Blanco, presidente de Conacee, destaca que “los CEEs desempeñan un papel esencial como motor de inclusión laboral, al garantizar oportunidades de trabajo adaptadas, estables y dignas para miles de personas con discapacidad en toda España. Actualmente, más del 70% del empleo protegido para este colectivo se canaliza a través de los CEE”. En relación con los centros de iniciativa empresarial, añade que “han generado más del 57% del empleo protegido, permitiendo que en 2024 casi 70.000 personas con discapacidad hayan podido acceder a un empleo estable, digno y de calidad. Su papel ha sido fundamental no solo por la cantidad de empleo generado, sino también por su capacidad de adaptación a los sectores productivos y su enfoque profesionalizado en la gestión de recursos humanos y de negocio”.
“Los centros especiales de empleo son el pilar más importante en la inserción de las personas con discapacidad”, apunta Beatriz Coleto, directora general de Vivofácil. “Creemos que la verdadera inclusión nace cuando se unen la productividad y la consecución de objetivos con el cuidado personal y psicosocial de cada trabajador. Acompañamos a cada trabajador desde su incorporación, con el objetivo de favorecer su permanencia y desarrollo profesional y personal, todo ello desde una mirada biopsicosocial que pone a la persona en el centro”.
En la práctica, no existen grandes diferencias en la gestión de recursos humanos entre CEEIS y CEEs de iniciativa empresarial, incide Campabadal. “Ambos comparten el objetivo de favorecer la integración laboral de personas con discapacidad y están sujetos a los mismos requisitos legales. La inversión en acompañamiento, accesibilidad o adaptación de puestos es equivalente. Si se nos exige lo mismo, debemos tener las mismas condiciones de apoyo, reconocimiento y financiación, independientemente de nuestra titularidad”.
Debate sobre la futura Ley de Economía Social
El sector se encuentra pendiente de la tramitación parlamentaria de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que busca reforzar el papel de los CEEIS frente a los CEEs de iniciativa empresarial. Díaz ha señalado que uno de los retos es evitar el “intrusismo de determinados centros que operan con lógicas puramente lucrativas” y ha defendido la contratación pública reservada como un instrumento clave para la sostenibilidad de los CEEIS. El proyecto de ley contempla aumentar del 10% al 15% el porcentaje de contratos reservados en la Ley de Contratos del Sector Público, además de crear un Catálogo Estatal de Entidades de la Economía Social.
Desde Conacee, Campabadal advierte de riesgos: “El Proyecto de Ley no elimina directamente las ayudas públicas a los CEEs de iniciativa empresarial, salvo alguna excepción que ya hemos detectado. Sin embargo, sí existe un riesgo real de que, a medio o largo plazo, esta normativa abra la puerta a posibles exclusiones, especialmente si no se reconoce adecuadamente la diversidad de modelos existentes”.
Sin embargo, “cualquier modificación que limite el acceso a las ayudas tendría un impacto directo sobre la plantilla, reduciendo la capacidad para realizar adaptaciones personalizadas, invertir en innovación social y mantener el ritmo de crecimiento del empleo inclusivo. En última instancia, afectaría a la progresión y al acceso a apoyos específicos de nuestros trabajadores”, advierte Beatriz Coleto.
Implicaciones para RRHH y el sector privado
La evolución de este marco legal tendrá un impacto directo en las políticas de diversidad e inclusión de las empresas. Los CEEs se posicionan como aliados estratégicos tanto para el cumplimiento normativo como para avanzar en la integración de un colectivo cuyo acceso al empleo sigue siendo limitado.
“El sector privado, especialmente a través de sus departamentos de RRHH, tiene un papel decisivo en la inclusión laboral de personas con discapacidad” —precisa Campabadal— “Apoyar a los CEEs mediante la contratación de bienes y servicios, así como establecer alianzas estratégicas, puede ser una vía eficaz de cumplimiento de la Ley General de Discapacidad y, más allá de ello, una muestra clara de compromiso con la diversidad”.
Por su parte, Coleto señala que “no debemos olvidar que detrás de las empresas hay personas. El empleo en un CEE no se limita a las tareas, sino también al entorno humano que se construye. Muchas personas desean permanecer en su centro no solo por el puesto, sino por el clima de diversidad, respeto y apoyo que encuentran allí. Reducir las opciones de empleo supone limitar la capacidad de elección de estas personas”.
