Por Ricardo Pulido, director de Inversiones de AON
Desde el pasado mes de marzo, se han aprobado varias modificaciones a la legislación del sistema público y del sistema privado de pensiones que impactan directamente en el papel que juegan las empresas en este ámbito. Unas reformas que tienen por objetivo, por una parte, la potenciación y la extensión de los sistemas de jubilación privados a un mayor número de trabajadores, y, por otro lado, la ampliación de las alternativas y estrategias de inversión de los planes de pensiones, permitiendo, incluso, la elección por parte del empleado de la estrategia a seguir.
Actualmente, en España casi uno de cada diez trabajadores disfruta de un plan de pensiones de empleo. El objetivo de la reciente norma es acercarse a la media europea, donde las ratios de empleados en activo con sistemas de jubilación privados vehiculizados mediante plan de pensiones varían de un 25 a un 90% de la población activa laboral.
Las motivaciones de estas reformas en el ámbito de los sistemas privados de pensiones, junto con las reformas en la legislación de la Seguridad Social, clarifican tácitamente la realidad de un sistema público de pensiones con menor cobertura cuando se accede a la situación de jubilación por parte de un trabajador en activo, a la vez que se incrementan los costes sociales para las empresas.
Entre 2016 y 2040 la cobertura pública pasará de una ratio del 90% al 70% respecto al salario anterior a la jubilación
Las modificaciones introducidas por el ‘Real Decreto Ley 2/2023 de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones’ incrementan la brecha existente entre la pensión máxima de la Seguridad Social y la base máxima de cotización. Una brecha que crecerá exponencialmente desde un 21% en 2023 hasta un 30% en 2035.
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(El artículo completo se puede leer EN EL NÚMERO 14 DE LA REVISTA FACTOR HUMANO)