CONACEE advierte de que la nueva Ley de Economía Social pone en riesgo miles de empleos de personas con discapacidad
La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) ha expresado su “profunda preocupación” ante la aprobación en el Congreso de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, cuyo texto actual excluye del reconocimiento como entidades de economía social a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa empresarial. Esta exclusión, denuncian, afecta a una parte esencial del modelo de empleo protegido en España.
En España existen más de 145.000 trabajadores en CEE, de los cuales más de 122.000 son personas con discapacidad —el 84% de las plantillas—, una cifra muy por encima del mínimo legal del 70%. En los centros asociados a CONACEE, este porcentaje supera el 90%.
Los CEE de iniciativa empresarial, que representan más del 68% del total y emplean a más de 82.000 personas (69.000 de ellas con discapacidad), serían los principales afectados por la exclusión prevista en la ley. Según la Confederación, estos centros desempeñan un papel clave en la generación de empleo estable y adaptado para uno de los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.
“Una ley que debilita un modelo probado de inclusión”
El presidente de CONACEE, Albert Campabadal Blanco, calificó de “paradójico” que una norma destinada a impulsar la economía social deje fuera “a una parte esencial del principal motor de empleo para las personas con discapacidad”.
“La inclusión no depende de fórmulas jurídicas, sino de resultados reales y contrastados durante más de cuatro décadas”, afirmó. Campabadal advirtió de que la exclusión “debilita un modelo que ha demostrado sobradamente su eficacia social, su sostenibilidad económica y su capacidad para generar oportunidades reales de integración laboral”.
“Hablamos de personas con grandes dificultades para integrarse, de proyectos de vida y de cohesión social, no solo de estructuras empresariales”, subrayó.
CONACEE alerta de que, si la ley se aprueba sin modificaciones en el Senado, podría suponer la pérdida de miles de puestos de trabajo, especialmente en los centros de menor tamaño. Un impacto que, según la organización, tendría un efecto directo en el aumento del gasto público en prestaciones y políticas pasivas de empleo.
Además, denuncia que la ley profundiza en una “brecha jurídica” que ya venía consolidándose en los últimos años, provocando diferencias de trato entre centros que distorsionan la competencia, generan incertidumbre y ponen en riesgo la estabilidad del empleo protegido.
Ante este escenario, CONACEE ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que el Senado “actúe como una cámara de segunda lectura útil” e introduzca las modificaciones necesarias para preservar la unidad del modelo de empleo protegido.
