CONACEE reclama reformar el modelo para impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad
La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) ha presentado sus propuestas de mejora a la Proposición de Ley 122/000215 para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante la cuota de reserva en empresas de 50 o más trabajadores.
Desde una perspectiva centrada en el empleo y la empleabilidad, la organización considera que el texto supone avances en el plano sancionador, pero no afronta los desequilibrios estructurales que siguen limitando la presencia del colectivo en el mercado de trabajo ordinario.
Los datos actuales reflejan la magnitud del reto: la tasa de empleo de las personas con discapacidad se sitúa en el 28,9%, frente al 69,7% de la población sin discapacidad. Además, la tasa de paro alcanza el 18,5%, significativamente superior a la media general.
Para CONACEE, estas cifras evidencian que la cuota de reserva del 2%, vigente desde hace más de medio siglo, no ha logrado consolidar una inclusión laboral sostenida ni proporcional al peso demográfico del colectivo.
En este contexto, la patronal valora positivamente que la Proposición de Ley:
- Refuerce el régimen sancionador.
- Califique el incumplimiento como infracción muy grave.
- Limite el acceso a subvenciones públicas a empresas incumplidoras.
- Prevea campañas específicas de la Inspección de Trabajo.
No obstante, advierte de que el enfoque sigue centrado en la exigibilidad formal del cumplimiento, sin abordar la raíz de la infrarrepresentación laboral.
“El empleo no es una concesión, es un derecho constitucional y un mandato internacional que España debe cumplir. Si los resultados siguen siendo insuficientes, debemos revisar los instrumentos”, ha señalado Albert Campabadal Blanco, presidente de CONACEE.
Elevar la cuota al 4%: una actualización del estándar
La principal demanda de la organización es la elevación progresiva de la cuota de reserva del 2% al 4% en empresas de 50 o más trabajadores.
Según la propuesta, al menos un 2% debería cumplirse mediante contratación directa de personas con discapacidad. El porcentaje restante podría cubrirse mediante contratación directa o a través de la adquisición de bienes y servicios a Centros Especiales de Empleo (CEE).
Para el ámbito de los RR.HH., esta modificación implicaría una revisión de las políticas internas de planificación de plantilla, diversidad y compras responsables, así como una mayor integración de criterios de inclusión en la estrategia corporativa.
CONACEE considera que este ajuste alinearía a España con estándares europeos más ambiciosos y respondería a una demanda social creciente de mayor inclusión efectiva.
Simplificación administrativa y seguridad jurídica
Otro de los ejes clave de la propuesta es la reforma del actual sistema de excepcionalidad administrativa para aplicar medidas alternativas.
En la práctica, las empresas deben justificar reiteradamente la imposibilidad de realizar contratación directa, lo que —según la patronal— genera burocracia, inseguridad jurídica y un cumplimiento más formal que sustantivo.
