El 42% de los empleados en España considera que su empresa no cuenta con un canal de denuncias adecuado

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, ha supuesto un punto de inflexión en el ámbito del compliance empresarial en España. Desde su aplicación, todas las organizaciones con una plantilla igual o superior a 50 empleados deben disponer de un sistema interno que garantice la comunicación segura y confidencial de posibles infracciones. Esta exigencia no solo responde a un mandato legal, sino que también subraya la importancia de la transparencia y la protección de quienes deciden reportar conductas indebidas en el entorno laboral.

Gaspar Palmer, CEO de OpenKM, destaca la relevancia de estos sistemas en la actualidad: “Las empresas ya no pueden considerar los canales de denuncias como una mera obligación legal. Se han convertido en un instrumento estratégico para la protección de la integridad corporativa y la construcción de un entorno de trabajo basado en la confianza y la transparencia”.

Un informe de Personio señala que el 65 % de las empresas españolas ya cuentan con un canal de denuncias activo. Sin embargo, el 23 % aún no ha implementado esta herramienta y un 11% desconoce si dispone de ella. Estas cifras evidencian que, aunque la mayoría ha avanzado hacia el cumplimiento normativo, todavía persiste una brecha que puede comprometer la seguridad jurídica y reputacional de muchas compañías. Cabe destacar, además, que la existencia de estos canales guarda una estrecha relación con la satisfacción de los empleados y el nivel de transparencia interna.

De acuerdo con el último informe de Adecco sobre felicidad en el trabajo, el 42% de los empleados en España considera que su empresa no cuenta con mecanismos adecuados para comunicar problemas internos. Esto puede traducirse en ambientes laborales deteriorados, falta de confianza en la dirección y una menor productividad.

Además, el incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones económicas severas para las empresas. Según la legislación vigente, las multas pueden oscilar entre 10.001 y 1.000.000 de euros para las personas jurídicas, lo que subraya la importancia de adoptar estos sistemas de manera eficaz y diligente.

 

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